Siendo conocedoras de las características y peculiaridades del mundo rural, desde Asamblea de Cooperación por la Paz nos hemos propuesto dar un paso más dentro de su estrategia de Educación transformadora para la Ciudadanía Global, intensificando nuestro trabajo en las comarcas de Els Ports y el Alt Maestrat, dos zonas en las que ACPP ya ha implementado programas en el ámbito no formal de la educación.

“Des de l’escola rural ens obrim al món” no solo pone nombre al proyecto, se trata de una de las reivindicaciones manifestadas por la comunidad educativa que exige la apertura, desde su identidad local, al mundo global. El programa responde a esta necesidad dirigiendo sus acciones con el objetivo específico reforzar la educación pública de los centros educativos de Els Ports y Alt Maestrat desde  un enfoque de responsabilidad en el desarrollo sostenible e inclusivo basado en el consumo responsable, la Igualdad de género y la interculturalidad.

Para ello, el proyecto involucra a toda la comunidad educativa en este proceso de aprendizaje y cambio social de los centros educativos rurales. De este modo, se promueve una verdadera participación  por parte de las instituciones públicas locales y comarcales así como de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (en adelante, AMPAs) comprometiéndose a apoyar el desarrollo del programa por un mundo sostenible y justo.

El profesorado es el foco de la intervención. Este colectivo es un agente multiplicador del aprendizaje debido a su labor como docente, en diferentes aulas y hacia diferente alumnado a lo largo, no sólo del programa, sino de su vida profesional. Por ello, el programa hace hincapié en la formación del profesorado a partir de tres bloques temáticos que le aportarán los conocimientos y destrezas para desarrollarlos en las aulas y configurar, así, una mirada global y holística de los fenómenos sociales, económicos y medioambientales que nos rodean. Estas tres temáticas serán: Género y Desarrollo, Migraciones e Interculturalidad y Comercio Justo y Consumo Responsable.

En definitiva, el alumnado es el receptor último del programa, ya que recibe formación en las temáticas mencionadas desde una pedagogía activa y crítica, que incentivará la reflexión y el debate en todas las actividades propuestas para su desarrollo. De esta manera, el alumnado participa de forma directa en cada bloque temático, al tiempo que es receptor de los conocimientos adquiridos por el equipo docente del centro.  

Cabe destacar que a lo largo del transcurso del programa se cuenta con agentes sociales muy diversos vinculados a las propias comarcas. La oportunidad de contar con personas, colectivos y referentes de las localidades en el desarrollo de las acciones refuerza las potencialidades de la zona de intervención, lo que consideramos de elevada importancia en estas localidades caracterizadas por su despoblación y fuerte identidad local. Además, con la finalidad de tejer redes entre entidades y personas diferentes, pero con el mismo objetivo de transformación y justicia social, el programa cuenta con la colaboración de agentes sociales internacionales.

La escuela, entendida como institución, siempre ha cumplido una función social. Es uno de los principales agentes de socialización de las personas y el espacio fundamental y natural de enseñanza-aprendizaje que poseen las niñas y los niños, además de las familias. Pero para hablar de la función social de la escuela es inevitable empezar por el principio, y esto es recordando que la educación es un derecho. Es un derecho humano universal y fundamental,  que recoge los principios de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos ya que la educación cubre aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. O al menos debería.

Como decíamos, la escuela supone ese espacio de socialización que favorece el pleno desarrollo de las niñas y los niños. Pero, además, favorece este pleno desarrollo en condiciones de igualdad. En la escuela, el alumnado debería tener las mismas oportunidades sea cual sea su procedencia o el nivel socioeconómico de sus familias. Y decimos debería porque esto no siempre es así, la segregación escolar por causas socioeconómicas  ha sido uno de los principales problemas del sistema educativo español en los últimos 10 años. Numerosos informes elaborados por el Observatorio Social de La Caixa, y basados en los resultados de los informes PISA de los últimos 4 años, inciden en que las "disfunciones" más importantes del sistema educativo español son los altos niveles de abandono escolar, el elevado peso del origen socioeconómico en los resultados académicos y el alto nivel de segregación por origen social. En un país como España, el segundo de la Unión  Europea con mayores tasas de pobreza infantil (las últimas cifras de 2020 arrojan 2,1 millones de menores en riesgo) nos enfrentamos a un problema con mayor magnitud aun si cabe. 

Esta segregación, que responde a cuestiones de voluntad política en la mayoría de los casos, deja especialmente expuesta y desprotegida a la escuela pública frente a la concertada o la privada ya que en nuestro país, según los citados informes PISA, los centros privados independientes y privados concertados tienden a escolarizar a alumnado con un nivel socioeconómico más alto que el de alumnado escolarizado en centros de titularidad pública.

El mundo se enfrenta a una de las mayores emergencias sanitarias de los últimos tiempos. Una pandemia que, además del trágico coste humano, ha suspendido la vida económica y social tal y como la conocíamos. En este contexto de parálisis, las escuelas han sido cerradas, lo que supone un acontecimiento dramático no solo por las repercusiones que esto puede tener en los procesos de enseñanza-aprendizaje de millones de niñas y niños, sino por el tremendo coste social  que ello supone.

La escuela, especialmente nuestra escuela pública, es el mayor igualador social que existe. Bajo su techo, el alumnado está amparado por el principio de igualdad de oportunidades y puede ejercer su derecho a una educación universal y de calidad sin que importe su procedencia social, cultural o económica. Uno de los mayores logros de la escuela pública en los últimos 30 años ha sido tomar conciencia de su papel regulador de las desigualdades y apostar por modelos y medidas de compensación educativa. Por desgracia continúa siendo algo sumamente frágil, tanto que al desaparecer la escuela como un elemento presencial, desaparece casi por completo su capacidad de regulación social. Esta situación ha abierto diferentes debates con el objetivo de buscar soluciones pero, posiblemente, han sido debates cortoplacistas y superficiales que pueden tener  como resultado soluciones a corto plazo y de limitada profundidad. Si bien es cierto que cuestiones como la brecha digital existente o las competencias digitales de las comunidades educativas son aspectos que deben abordarse necesariamente, si no tenemos en consideración la composición desigual de nuestras escuelas, las políticas conservadoras que han favorecido la segregación escolar y el aumento de las cifras de pobreza infantil y familias vulnerables, no vamos a poder enfrentar esta pandemia garantizando unos valores mínimos de igualdad y justicia social. El estado debe ser capaz de dar respuesta a las necesidades del alumnado y de las familias en su totalidad. Es el momento de reforzar planes de apoyo y compensación educativa integrales que garanticen que cualquier joven, en cualquier hogar y en cualquier situación social pueda tener las mismas oportunidades de aprendizaje y de desarrollo personal.

Desde ACPP siempre hemos sido conscientes de nuestra responsabilidad en la defensa del derecho a la educación, entendiendo que la escuela pública es el corazón, el motor y el alma que hará posible conseguir procesos de verdadera transformación social. Hoy más que nunca corresponde a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada exigir un sistema educativo que no abandone a millones de niños y niñas. Porque si no lo conseguimos, la otra pandemia nos habrá ganado.